Tras más de una década de discusión en el Congreso, desde este sábado a las 00.00 horas, la Ley del Lobby entra en funcionamiento. Debut que estuvo marcado por las críticas de la ministra Ximena Rincón a los vacíos legales con que habría sido promulgada la iniciativa.
Después de una larga y accidentada tramitación, este miércoles quedó listo para convertirse en ley el proyecto que “regula la actividad de lobby y establece normas destinadas a fortalecer la transparencia en las relaciones con el Estado”. Pese a que, el martes recién pasado, un grupo minoritario de senadores rechazó la iniciativa por estimar que no cumple con el principal objetivo que se buscaba con ella: la creación de un registro público obligatorio de los profesionales que se dedican a esta actividad, dejando el peso de la prueba sobre las autoridades a las que se pretende influir a través de ella. Algo que no comparte el Ejecutivo, desde donde se argumenta que si bien no quedó estipulado en la normativa un registro previo obligatorio, sino voluntario, para todos aquellos que pretendan ejercer la actividad del lobby, esta carencia se suple con creces a través de la obligatoriedad de los sujetos sobre quienes se ejerce la actividad, de registrar las reuniones que realicen con los lobbistas.
Así, mientras el martes en el Senado se aprobó el informe de la Comisión Mixta por 24 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, este miércoles la Cámara Baja hizo lo propio por 94 votos a favor y una abstención. Pero la aprobación de la iniciativa no terminó con la polémica. Pues quienes la rechazaron en el Senado insisten en que la ley no cumple con su principal objetivo de crear un registro previo en el que obligatoriamente se deban inscribir quienes pretendan “legítimamente” practicar el lobby. Lo que a juicio de un experto “deslegitima la ley. Será una ley inútil que no tiene sentido regulatorio normativo, porque no tiene objeto de regulación. La norma es opaca, porque está intentando regular algo que no va a poder regular”.
El proyecto aprobado ingresó al Congreso el 5 de noviembre del año 2008, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, la actual administración ingresó una serie de indicaciones que, según algunos detractores de la normativa aprobada, desperfilaron el “sentido original” de la iniciativa. Por lo pronto, el aspecto que ha generado la polémica se cayó durante la tramitación. En el artículo 6 del Título II del Mensaje original, sobre registros públicos y de las obligaciones y prohibiciones aplicables a loslobbystas se leía: “créanse los registros públicos de lobbystas que se indican en el artículo siguiente, en los cuales deberán inscribirse, previamente y de manera obligatoria, todas aquellas personas que ejerzan gestiones de lobby”.
Sin embargo el Diputado Ceroni destaca que esto es un avance hacia la transparencia y que lo mas importante es volver a recuperar la confianza de la ciudadanía mediante acciones claras que trasparente el accionar de los Parlamentarios y los lobbystas.
Vea aquí las intervenciones del Diputado Ceroni en el desarrollo de esta ley.
